El ex presidente cree que Oyarbide y Servini no avanzarán si él se pone al frente del partido.La velocidad que el kirchnerismo le dio al operativo clamor para que Néstor Kirchner vuelva a sentarse en la Presidencia del Consejo Nacional del PJ tendría que ver con situaciones judiciales más que políticas.
El ex presidente habría pensado en dejar para marzo la puesta en escena que realizó el martes pasado la mesa chica del Consejo Nacional, con Daniel Scioli y Hugo Moyano como bastoneros, para que se rechazara la renuncia presentada el pasado 29 de junio.
Pero, repentinamente, Kirchner pisó el acelerador.
El principal motivo de la jugada sería el explosivo expediente que tramita María Servini de Cubría sobre las irregularidades en los aportes a la campaña electoral del Frente por la Victoria en el 2007.
En esta megacausa confluyen desde la denuncia por presunto lavado de dinero presentada por Ricardo Monner Sans hasta los cheques por un total de 200.000 pesos aportados por Sebastián Forza a Héctor Capaccioli, el tesorero de la campaña, miembro de la Junta Promotora de la candidatura de CFK y Superintendente de Servicios de Salud hasta que fue despedido en noviembre del 2008.
El juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la mafia de los medicamentos, declaró que todos los elementos vinculados con la campaña electoral le fueron girados a Servini.
¿Qué elementos son estos?
Están -entre otras- las conversaciones telefónicas entre Capaccioli y Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier, acusado de vender a la Asociación Bancaria medicamentos robados y adulterados.
Un tercer juez federal tercia en el tema y es Ariel Lijo, que lleva adelante la investigación por el supuesto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, denunciada por la Coalición Cívica.
Cuentas partidarias
La probable conexión entre la mafia de medicamentos, el lavado de dinero en los aportes de la campaña del 2007 y la actuación de Capaccioli, mano derecha de Alberto Fernández, el telón de fondo.
Pero la otra crisis está en el expediente patrimonial del PJ Nacional.
Desde fines del 2007, la Justicia Electoral tiene pendiente la resolución sobre la aprobación del informe final de aquella campaña, de acuerdo con lo que establece la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Un fallo de la justicia electoral dejando en claro las numerosas irregularidades existentes en los aportes de la campaña sería lapidario para el gobierno.
Con un pronunciamiento así, sería casi inevitable el procesamiento de Capaccioli como responsable de la campaña y se potenciaría también la denuncia de lavado de dinero.
En abril de este año, la Cámara Nacional Electoral puso como límite para resolver denuncias de financiamiento electoral del 2007 a las elecciones del pasado 28 de junio, a través de la acordada 105.
Pero el apoderado del PJ de Capital consiguió que se decretara la inconstitucionalidad de la decisión.
Aumenta la tensión
Ahora, en Olivos estarían recibiendo señales de alerta tanto del lado de Servini como de Oyarbide.
Sigue pendiente la citación de Capaccioli a declarar en ambas causas y pasaron dos años sin definiciones sobre las cuentas partidarias del 2007.
Kirchner temería encontrarse con que -antes de fin de año- Servini, Oyarbide o ambos, pongan en la vidriera judicial a Capaccioli y la investigación de los fondos de campaña de entonces un salto hacia delante.
Convencido de que la paciencia de los jueces no es eterna, el ex presidente habría calculado que el único modo de frenar, por ahora, la ofensiva judicial sería reasumiendo de inmediato la conducción del PJ.
Hasta ahora, el avance judicial sobre las cuentas del PJ golpearía a un partido inactivo y casi acéfalo.
Con Kirchner nuevamente sentado en la calle Matheu, la ofensiva judicial sería leída políticamente como una crisis entre la justicia y el gobierno o como un ataque personal a aquél.
Estaría convencido, entonces, de que su reasunción frenaría a los jueces, al menos por ahora, y le compraría tiempo hasta marzo del año que viene.
Como suele pasar con la mayor parte de las investigaciones sobre corrupción en marcha, la estrategia oficial es, lisa y llanamente, ganar tiempo.
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