Sin embargo, la operación tendría un alto costo. A causa de su ascenso, empiezan a salir a la luz pública las estrechas vinculaciones del nuevo ministro con el proceso militar, a través del diario La Tarde, que funcionó como órgano de acción psicológica preparando la opinión pública para el golpe de Estado del 24 de marzo del 76.
Este flanco débil no habría pasado desapercibido para el Ceo de Clarín, Héctor Magnetto.
Éste se sentiría -y no sin motivos- acorralado por dos amenazas motorizadas por la Casa Rosada.
La primera es la posibilidad de que las denuncias de Lidia Papaleo de Graiver motoricen una acción penal contra Magnetto y Bartolomé Mitre por supuestos delitos de lesa humanidad, en relación al traspaso a Clarín y La Nación de las acciones de David Graiver en Papel Prensa.
La segunda, ya en plena ejecución, es la investigación de la filiación de Marcela y Felipe Noble que apunta a Ernestina Herrera de Noble.
Pero la militancia procesista de Timerman le regala ahora a Clarín la oportunidad de darle al gobierno su propia medicina.
Un equipo periodístico del multimedios estaría avanzando en la investigación de los lazos del flamante canciller con la dictadura.
Un general de aquella época estaría ahora dispuesto a sentarse frente a las cámaras y contar cómo Timerman circulaba como por su casa en los despachos de varios altos jefes del proceso militar.
También hay quienes afirman que Juan Bautista Yofre, autor del libro “Nadie Fue”, que cuenta las andanzas de Timerman y el diario La Tarde, formaría parte del contraataque mediático contra el gobierno.
Errores que se pagan
La inminente ofensiva contra el Canciller no sería inofensiva. La idea sería descalificar al gobierno en su columna vertebral, la defensa de los derechos humanos y justamente en el tema que el kirchnerismo tomó como bandera contra el multimedios: las relaciones entre la prensa y los militares.
Conocedores de la trama de Héctor Timerman con el gobierno de Jorge Rafael Videla, algunos dirigentes de las entidades de derechos humanos estarían advirtiéndole a Kirchner que el nuevo canciller se puede convertir en un boomerang.
Y agregarían que el escándalo que se inicia hasta podría debilitar la relación del gobierno con su electorado de izquierda.
De más está decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores no es lugar más cómodo para soportar acusaciones de complicidad con una dictadura militar, 800 de cuyos oficiales están siendo juzgados o ya fueron condenados por supuestas violaciones de derechos humanos.
En el otro escenario de la política exterior, hoy el embajador Eduardo Sadous, denunciante de las coimas en las compras de Venezuela a empresas argentinas, se presentaría en una reunión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Para el oficialismo es fundamental evitar que el escándalo bolivariano vuelva al primer plano, porque de ser así, el Juez Federal Julián Ercolini se vería compelido a acelerar la investigación judicial que por ahora se mueve poco y nada.
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