COMPLICAN AL EJERCITO EN UN DELITO ECOLOGICO
En Salta se ha producido un extraño caso mezcla de indigenismo, ecologismo, estafa y política, que comienza a ser la comidilla de quienes poco a poco comienzan a conocer las intimidades de este problema calificado como “pegajoso”. Lo curioso es que forzadamente se involucró al Ejército, que ya bastantes problemas tiene para sobrevivir.
Hace poco tiempo atrás, el comandante de la V Brigada de Montaña con asiento en esa provincia, general de brigada Emilio Jorge Luis Rodríguez, recibió la visita de un señor Carlos Ramos, viejo conocido de la zona, que se dedica a promover la defensa de los derechos humanos a través de una ONG indigenista.
Si bien existen comunidades donde predomina la sangre aborigen, en la localidad de Seclantas (en el valle calchaquí) sus habitantes son “criollos”, que poco tienen que ver con los genuinos y puros “pueblos originarios”.
El proyecto de Ramos, compartido por los militares, forma parte de un gran negocio que en este caso se limita a la construcción de viviendas, tema que ha determinado que Ramos sea más conocido como “el Schoklender de Salta” y no por su castizo apellido.
Ramos es amigo de algunos que se llaman “caciques” pero que desempeñan el verdadero rol de “punteros políticos”, trabajo que deja bastantes beneficios, sobre todo cuando se hace a favor del oficialismo de turno.
También desarrolla una buena amistad con otras personas que deben ser convencidas para avanzar en operaciones comerciales que suelen vestirse como obras de beneficencia para producir mejores réditos y disfrazar la verdad que está detrás de la imaginación y los bolsillos de los verdaderos operadores.
En este caso, el escándalo que se inició con la visita de Ramos al jefe militar ya ha sido bautizado como “las casitas de los algarrobos negros”, árboles estos últimos de un gran valor por lo que estaban protegidos para evitar su extinción.
El general Emilio Rodríguez recibió la orden de sus superiores y con el Batallón de Ingenieros 5 habría desmontado seis hectáreas donde crecen abundantes algarrobos negros que todos se empeñaron en proteger.
El “empresario” Carlos Ramos, invocando influencias en el gobierno nacional y el acceso a créditos para el desarrollo de este proyecto edilicio, es ampliamente conocido en la zona.
Tiempo atrás, después de haber logrado apoyo para organizar una cooperativa con el objeto de desarrollar la explotación de pimientos entre los pobladores elegidos, terminó estafando a la gente.
Cobrados los primeros pesos, se hizo “perdiz” y resultaron inútiles los esfuerzos por encontrarlo.
Ahora aparece nuevamente preocupando a las autoridades locales y provinciales.
Así las cosas, el senador provincial Maita (UCR) resolvió efectuar consultas a distintos organismos nacionales y provinciales a los efectos de recabar informes oficiales sobre la viabilidad de proyecto.
Muchos no contestaron todavía, pero sí lo hizo la dirección de Aguas del Norte, que dio una respuesta taxativamente negativa.
Alarmado, Maita pidió el apoyo del Senado provincial, en tanto un atribulado general Emilio Rodríguez le pidió una audiencia para señalarle que, por orden de la “superioridad”, tuvo que llevar adelante el desmonte de los algarrobos negros.
Es decir, una depredación confesa.
Denuncias de diarios locales y reuniones a nivel senado provincial en los próximos días podrían derivar en otro escándalo político institucional, semejante al de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, entidad precursora en negociados edilicios.
Pero la gravedad de este caso reside en el daño ambiental provocado, que pone en evidencia no sólo el no cumplimiento de una de las misiones del Ejército, cual es la protección del medio ambiente, sino, por el contrario, la complicidad de la institución en una posible actividad delictiva, como es el deterioro ecológico de la región.
Estamos ante un escándalo sobre el cual volveremos.
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