INVESTIGAR

Viviendas nacionales y populares, el caso Schoklender, los K, y el robo extraordinario

Propongo INVESTIGAR qué es lo que pasa en nuestro país, 

 ¿te animás?

La necesidad de tener la casa propia, con financiación a 30 años, es una obligación del Estado.

Desde que asumieron los Kirchner en mayo del 2003, el Estado Nacional recaudó confiscando gran parte de la renta agropecuaria -a través de retenciones al campo- por más de U$S 110.000 millones de dólares. 

Con esta cifra, podrían construirse 2.014.120 casas de 80 m2 para 8.056.480 personas. 

Esto significaría, a su vez, trabajo para 440.000 obreros con sueldos promedio de $ 5.000 por mes.

Las casas no se regalarían, lo que hubiese permitido seguir construyendo. 

Un ejemplo: el 20% de las retenciones corresponde a la provincia de Santa Fe – 22.000 millones de dólares según la Fundación Libertad de Rosario). 

Esta suma, transformada en casas dignas a razón de u$s 700 el m2 (promedio en los últimos años), daría 393.000 casas, de 80 m2 c/u, de construcción de primera calidad, a $ 252.000 cada/una, que dividido en 360 cuotas da una cuota de $ 700 por mes

Revertir el despilfarro

La realidad es que se hizo lo contrario, despilfarrándose los recursos del Estado, como lo indica a las claras el caso Schoklender, con Hebe y compañía.

Pero el mayor ejemplo de este despilfarro son los subsidios al transporte. 

Hasta abril del 2010 se gastaban por día en promedio $ 21 millones diarios, según fuentes del Programa de Día D de Jorge Lanata. 

Entre los beneficiados está Aerolíneas Argentinas, con $ 10 millones diarios de gastos, así como los ferrocarriles del Gran Buenos Aires y las empresas de transporte urbano e interurbano.

Sacando números, estamos hablando de $ 7.560 millones al año. 

Transformada en casas esta cifra, con el mismo cálculo anterior, se construirían 32.926 casas por año.

Como consecuencia directa de las retenciones y el intervencionismo de la ex ONCCA, perdemos de poder exportar más de 14.000 millones de dólares anuales con mayor producción de trigo, maíz, carne vacuna y lácteos.

El Estado podría entonces estar recaudando mucho más con el impuesto a las ganancias, que además es coparticipable por Ley y no a dedo. 

Quedaría así en la decisión de cada provincia y municipio en que invertir los recursos de todos. 

 También se desconcentraría así el enorme poder cuasi mafioso que somete a jueces, legisladores, gobernadores e intendentes.

Recién entonces recuperaríamos el orden democrático, republicano y constitucional.