Días antes, en el lugar, se había generado ("espontáneamente") un incendio que quemó los pastizales que lo cubrían.
Unas 250/270 familias lo ocuparon, de pronto, en un movimiento que, obviamente, estuvo previamente concertado.
Su abogado, Gustavo Salle, calificó enseguida el episodio de una acción emprendida en el ámbito de la "lucha de clases".
Los ocupantes, por su parte, manifestaron a la prensa que estaban allí "para quedarse", pues habían decidido construir sus viviendas en ese lugar, en parcelas que ellos mismos definieron, fraccionaron y distribuyeron.
Los vecinos observaron lo sucedido con absoluta tranquilidad, como si anticiparan (correctamente) que las instituciones del país iban a funcionar conforme a lo esperado.
Más o menos rápidamente.
No hubo incidentes violentos.
Ni convulsiones serias de tipo alguno.
El juez penal actuante, Ricardo Míguez (a pedido del propietario) ordenó, de inmediato, el desalojo del predio ocupado ilegalmente.
En cuestión de horas, otorgó a los intrusos una opción voluntaria de abandonar el predio, anticipando que si ello no se cumplía, la fuerza pública (la policía, no los vecinos) iba a actuar conforme a la ley.
En paralelo, desde la intendencia de Montevideo, se informó que la tierra ocupada no podía ser fraccionada, desde que está ubicada en un área rural y carece de servicios de infraestructura.
Esto es, de saneamiento y cableado.
Al no desalojarse la propiedad, el magistrado ordenó detener (en la seccional policial) a los 18 individuos que oficiaban de "voceros" de los demás y que habían concurrido voluntariamente al juzgado.
La policía recibió, enseguida, instrucciones de practicar más detenciones de ocupantes ilegales.
Cuando los primeros 18 detenidos iban a ser "conducidos al juez" por la policía, los ocupantes tomaron la determinación de desarmar sus carpas, desmontar sus instalaciones precarias y abandonar pacíficamente la propiedad "tomada", que así pronto quedó libre de "posesionarios".
Mientras tanto, el ministerio del Interior ordenaba a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia determinar la posible existencia de trasfondos, intereses o conexiones políticas.
La intendencia de Montevideo, cabe agregar, tiene un plan orgánico en marcha de reubicación de asentamientos, algunos de los cuales tienen hasta tres décadas de antigüedad.
Para ello, está constantemente comprando tierras, por licitación pública.
El año último, entregó 10 mil "soluciones habitacionales" y calcula que este año esa cifra se triplicará.
Quienes ocuparon el barrio Capra no fueron beneficiados con ningún "salto" en la lista de espera.
El prudente vicepresidente oriental, Danilo Astori, al referirse al episodio, aseguró que su gobierno "no tiene nada que hacer" en este caso, porque la justicia "tomó cartas" en el tema a pedido del propietario del terreno usurpado.
Esto es seriedad en el andar y generación de confianza al público que suponía (correctamente) que no iba a tener que intentar, por las suyas, "resolver" un tema que le podía generar problemas, porque la cuestión, presumiblemente, iba a ser bien resuelta por las autoridades competentes.
Así de claro.
No se equivocaron quienes así pensaron.
Sus expectativas se cumplieron.
El episodio se resolvió dentro de la ley.
Así funciona un Estado de derecho.
Sin estridencias.
Emilio J. Cárdenas
fue embajador argentino
ante la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU).
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