ARGENTINOS TAMBIÉN PROTESTAN CONTRA COTA 83 DE YACYRETÁ

Los que no festejan Yacyretá

Ciudadanos de Misiones se manifestaron en la tarde de este viernes en contra de la elevación a cota 83 de la represa Yacyretá.

Así lo informa el portal Misionlandia, añadiendo que miles de personas convocadas por organizaciones sociales llegaron hasta Posadas para protestar contra la elevación del embalse de Yacyretá a 83 metros sobre el nivel del río, lo que producirá la inundación de varias zonas.

La manifestación estuvo encabezada por el obispo emérito argentino Joaquín Piña.

La inauguración oficial fue en la noche de ayer.

Estuvieron presentes el presidente Fernando Lugo y la presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

VER EL VIDEO - NO A LAS REPRESAS

http://www.youtube.com/watch?v=wuaxxqJfKbI&feature=player_embedded

EL “SARGENTO”, MAS DURO QUE NUNCA

Giménez reconoció que en 1996 no hizo un minuto de silencio por las víctimas de la Dictadura por decisión propia.

Y sembró dudas sobre el arbitraje.

El sargento y ex árbitro Daniel Giménez reapareció más polémico que nunca: reconoció que el 24 de marzo de 1996, cuando se cumplían veinte años del último golpe militar, desobedeció deliberadamente una indicación de la AFA y no hizo un minuto de silencio como homenaje a las víctimas de la represión.

Además, tendió un manto de sospecha sobre el arbitraje argentino:

“¿Sabés cómo compran y venden árbitros y vos ni te enterás?”

Y hasta tildó a Víctor Hugo Morales de “cobarde”.

Vestido con ropa militar, Giménez sostuvo que en la Argentina de los años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional había “una guerra” y desde esa interpretación desobedeció la resolución de la AFA.

“El minuto de silencio debería ser por la gente que murió de los dos lados.

Mi actitud de no hacerlo fue conciente, hoy lo puedo decir“, confesó Giménez en una nota que realizó en su Chaco natal con el programa Tiempo extra de TyC Sports..

Al asumir que su omisiónfue por decisión propia, el ex árbitro contradijo su respuesta de 1996, cuando argumentó que se había “olvidado” de hacer cumplir la medida antes de que comenzara el partido que iba a dirigir entre Belgrano de Córdoba y Racing.

El Sargento, además, sembró un manto de duda sobre el fútbol argentino.

“¿Sabés cómo compran y venden árbitros y vos ni te enterás?”, lanzó, aunque luego aclaró: “A mí nunca me presionó ningún dirigente”.

Y se defendió de las acusaciones en su contra por un recordado partido por el ascenso entre San Martín de San Juan y Huracán, cuando adicionó ocho minutos (tiempo en el que llegó el 3-1 de los sanjuaninos).

“Me indigna que digan que el partido entre San Martín y Huracán estaba arreglado.

En ese partido me entregaron, me quisieron comprar.

Después de ese partido no dirigí más porque ya me fastidiaba hacer el bolso, ir al aeropuerto, me di cuenta de que me tenía que ir”, contó.

A la hora de analizar el arbitraje, Giménez tampoco tuvo piedad.

“No veo a los árbitros con el coraje que teníamos en otra época.

Son más flojitos, se han tomado libertades que nosotros no las tomamos.

No están en un buen momento”, aseguró.

Y tuvo un párrafo aparte para Pablo Lunati:

“Es el peor juez del fútbol argentino, sin dudas”.

Pero allí no terminó la munición gruesa del ex árbitro, que tampoco perdonó a jugadores y hasta periodistas, desde Roberto Trotta hasta Víctor Hugo Morales.

“Con Trotta nunca tuve onda y se nos notaba.

Si te podía pisar la cabeza, Trotta te la pisaba”, afirmó.

Y fue aún más duro con el relator uruguayo: “Es un cobarde.

Un día se escondió detrás de las columnas para que en Ezeiza no lo vea Roberto Ruscio, que mide un metro sesenta”.

MUNDO ARABE‏

Unidos en el atraso o juntos en la modernidad‏

La política de islamización de las autocracias del mundo árabe marca un innegable aumento de la influencia de los movimientos yihadistas.

Los resultados son bien visibles en Oriente Medio y se aprecian a menudo los últimos años en las débiles declaraciones públicas de no poca dirigencia política europea y en las demostraciones de grupos civiles y organizaciones no gubernamentales no solo en Madrid, Londres o París, sino en distintas ciudades de Europa donde grupos simpatizantes de Hamas en Gaza; Hezbollah en Líbano o los Hermanos Musulmanes de Egipto se hacen ver con firmeza en sus demostraciones callejeras.

El problema en el mundo árabe no solo es desandar el difícil camino hacia el establecimiento de un sistema democrático que favorezca el progreso y el modernismo de sus pueblos.

La supuesta democratización que se plantea por estos días, presenta irónicamente la posibilidad de llevar al poder a partidos políticos que podrían deshacerse de la democracia.

La falta de adhesión a los valores pluralistas ha sido utilizada por distintos regímenes para impedir o limitar la participación en el juego político.

El reconocimiento de la soberanía popular esta lejos de ser incorporado en regimenes que se inclinan por la hakimiyya , la celebración de elecciones libres o el establecimiento de gobiernos parlamentarios son conceptos que no han llegado al vocabulario de los partidos islamistas y pareciera que falta mucho tiempo para que esto suceda, si sucede.

La complejidad sobre el escenario actual en el mundo árabe hace difícil ser optimistas sobre las posibilidades de consolidación de la democracia en el mediano plazo en los países que conforman el Mediterráneo y Oriente Próximo; Túnez no marcara ningún camino en la calle árabe ni habrá de ser el disparador de ninguna otra revolución regional genuina, por el contrario, puede abrir peligrosamente el camino a la toma del poder de los grupos islamistas, ya lo estamos viendo en Yemen y Egipto, donde lo que la opinión publica observa no es solamente un levantamiento popular contra gobernantes que representan la más rancia mafiocracia árabe, sino que trasunta en un accionar típico y muy claro del avance de la hermandad musulmana en El Cairo y lo propio sucede con los integristas en Sana.

En la lucha por sus derechos, los ciudadanos de los países árabes-islámicos deberán desandar un largo camino todavía, su reconocimiento ha sido y es altamente costoso en la mayoría de los casos, se necesitara de numerosas revoluciones de ideas, de tradiciones, económicas y sociales, y de una determinante: la cultural.

Estos cambios suponen no pocos enfrentamientos violentos y dolorosos en el conjunto de las férreas sociedades árabes.

La obtención de leyes que garanticen los derechos ciudadanos en el conjunto de países occidentales no marca el fin de esta lucha en los países árabes.

Queda mucho todavía por hacer, sin embargo podemos decir, sin optimismo exagerado, que la revolución de ideas y el aporte de varios intelectuales del mundo árabe ha traído consigo algunas victorias, por lo que sostengo que es altamente probable que para el tercer decenio del siglo XXI tomara forma una línea de concientización compartida por la mayoría de la ciudadanía de los países árabes.

La liberación de los países árabes, decían algunos teólogos y pensadores musulmanes, pasa por el renacer de nuestras sociedades y por la reafirmación de los derechos de las personas, pero nunca alejados del Islam, y no esta mal que así sea, pero no estoy seguro que pueda suceder.

A partir de esa mínima apertura a la modernidades que fueron planteadas las independencias, aunque los movimientos independentistas hayan necesitado hacer uso de consideraciones de orden religioso e identitario para movilizar sus tropas.

Esto ha sido determinante, pero muy rápidamente esta apertura hacia los ciudadanos fue barrida por los nacionalismos dominados por corrientes conservadoras y por el tercermundismo que mostraba una ideología de retraimiento sobre sí mismo a la vez que defendía la independencia económica de los antiguos países colonizadores.

El tercermundismo ha sido el estimulo ideológico negativo de los movimientos post-coloniales y de los corpúsculos contestatarios.

Las élites modernas no supieron o no pudieron mantener el control sobre los movimientos independentistas, salvo quizás en Túnez a mediados de los 70, lo que explica que el estatus de las mujeres tunecinas sea la excepción en el mundo árabe islámico.

Este elemento no es menor, puesto que la condición de las mujeres se ha vuelto el símbolo del repliegue de los países árabes sobre sí mismos.

En nombre de una racionalidad diferente, los estados árabes más moderados y modernizados han evocado una concepción sobre los sexos diferente a la mantenida por los instrumentos internacionales.

Así, de todas las naciones, las naciones árabes son las únicas hoy que presentan la condición de subordinación de las mujeres no como una etapa histórica que debe ser dejada atrás para alcanzar un objetivo (la igualdad) definido por los instrumentos internacionales, sino como una situación ideal, algo completo en un mundo perfecto basado en la ley religiosa y las tradiciones.

Nadie en los Estados Unidos o Europa cuestiona el principio de igualdad, aunque no esté puesto en práctica completamente, la igualdad en los derechos civiles, políticos y humanos lleva a cuestiones más amplias en las sociedades occidentales y su reconocimiento implica un cuestionamiento general de las sociedades que en el mundo árabe no es aceptada ni reconocida.

El reconocimiento de la igualdad comprendería un cambio en el plano existencial, cultural y desde luego político, ello en virtud que la democracia está ligada al reconocimiento de la libertad y la igualdad de los ciudadanos.

Muchos estados árabes, sus líderes y representantes, rechazan los derechos civiles, políticos y humanos; con lo cual desprecian los preceptos básicos de la democracia en general.

En sus estrategias de poder lo importante es mantener la sociedades bajo argumentos arcaicos dominados por lo religioso, lo que explica el acuerdo tácito entre los movimientos islamistas y los poderes no democráticos en la gran mayoría de los países árabes y en nombre de los valores culturales o de los valores islámicos intentan bloquear la emergencia de los valores democráticos.

Es por esto que apoyan los movimientos islamistas, que son sus mejores aliados para amordazar a los pueblos árabes, empezando por las mujeres.

Esto demuestra la violencia falaz que pueden esconder las fórmulas como el diálogo de culturas o las alianzas de civilizaciones.

La dirigencia política árabe así como sus regimenes, perciben al sistema democrático como un verdadero peligro para su poder porque cuestiona todo el edificio social y político reclamando la libertad e igualdad para los ciudadanos.

A menudo, el liderazgo árabe en su confrontación con el sistema democrático sostiene que esos sistemas tratan de desacreditar la cultura y las costumbres árabes, y asimilan a cualquier ciudadano árabe que exprese discrepancias con la influencia negativa de Occidente.

Los regímenes árabes así como las corrientes conservadoras e integristas incitan a los pueblos árabes a rechazar la injerencia que viene de Occidente, un Occidente que escarnece a los árabes en sus derechos y su dignidad, según sostienen.

Y esta táctica ha funcionado muy bien por muchos años.

Los poderes árabes transforman muy hábilmente a los defensores de los derechos humanos en cómplices de los occidentales o peor aun, en agentes israelíes, y hasta ahora, con ello les ha bastado para desacreditar cualquier intento de libertad e ideas democráticas.

Ante este escenario, cuando los políticos europeos preguntan en que pueden ayudar para democratizar el mundo árabe, yo les diría: “sean honestos, no abandonen a su suerte a aquellos intelectuales, activistas, militantes políticos y pensadores que apoyan cambios para bien dentro de las sociedades árabes, no antepongan sus negocios, sean realistas, identifiquen la ideología que pretende acabarlos”.

Y tomen conciencia que los intelectuales que defendemos los derechos y la libertad de los ciudadanos del mundo árabe de sus propios déspotas, a la vista de los poderes árabes e islamistas nos convertimos en herederos del pensamiento Occidental, por tanto, podemos y debemos hacer junto a ustedes el inventario de los deberes, derechos y obligaciones, y tenemos derecho a un reclamo de esa herencia para pedirles que “no nos abandonen”.

George Chaya
periodista y analista político experto en Oriente Medio
autor de varios libros de pensamiento.

¿NUEVOS CARAPINTADAS?

Los militares se enfrentan a Dilma y a Mujica, dos ex guerrilleros en el poder
Los gobiernos de Brasil y Uruguay impulsaron los juicios por las violaciones a los derechos humanos.

El antecedente de la Argentina y el temor de los uniformados.

Inspirados por los juicios contra militares en la Argentina, los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, José “Pepe” Mujica, afrontan por estos días duros enfrentamientos y tensiones con las Fuerzas Armadas de sus países.

Con el firme propósito de impedir que se juzgue a los militares acusados por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura, los uniformados orientales retirados conformaron el Foro Libertad y Concordia, una agrupación que le exigió a Mujica que frenara los juicios.

En tanto, la creación del Partido Militar Brasileño, una agrupación política de derecha formada por miembros de las tres armas y de la policía militar, convulsionó el escenario político de ese país, a poco más de un mes de la asunción de Rousseff.

“En Uruguay está pasando lo que ocurrió en Argentina hace unos años.

Se está juzgando a personas que son inocentes.

Mujica intenta encontrar la paz nacional, inspirado en el propio Nelson Mandela.

Lo que pasa es que tiene que pasar del discurso a los hechos”, aseguró en diálogo con PERFIL el coronel José Araújo, vocero del Foro Libertad y Concordia, que agrupa a más de mil militares.

Un fuerte malestar corre por las filas de las Fuerzas Armadas orientales, luego de que oficiales en actividad y retirados fueran citados a declarar este mes, acusados por violaciones a los derechos humanos.

Ante las críticas castrenses, el presidente respondió que “en Uruguay hay un orden y una Justicia que nos rige a todos, el gobierno no manda a los juzgados, ni manda a los jueces”.

La tensión llegó al máximo cuando los integrantes del Foro, que fueron calificados como “golpistas” por organizaciones de derechos humanos, le enviaron una carta al jefe del Ejército Jorge Rosales, en la que advirtieron que si sus demandas no eran tenidas en cuenta alzarían su voz “hasta un extremo”.

“Nosotros actuamos en causas justas y legítimas.

Mujica nunca combatió contra la dictadura militar.

El combatió contra la democracia.

Cuando vino la dictadura, estaba preso”, le respondió a este diario el uniformado.

Aunque el militar descartó que el Foro se identifique con los carapintadas argentinos, aseguró que “a los 60 años de edad sigue combatiendo una guerra que no lanzó”.

En tanto, en Brasil, el Partido Militar Brasileño, que se define en su página de Internet como “reserva moral del país”, irrumpió en la escena política este mes, con una provocadora consigna:

“Queremos invadir el Congreso, pero mediante el voto, de forma democrática”.

“Muchas acusaciones señalan que el Partido Militar Brasileño representa el retorno de la dictadura.

Ese discurso es retrógrado y oculta ideológicamente la usurpación de la riqueza del pueblo brasileño”, le confió a PERFIL el capitán Augusto Rosa, integrante del partido que propone endurecer el Código Penal y bajar la edad de imputabilidad.

Con el temor de seguir los pasos de los militares argentinos, juzgados y condenados en forma masiva desde la asunción de Néstor Kirchner, dentro de los cuarteles uruguayos y brasileños germinó la idea de crear agrupaciones para desafiar, a través de las urnas o de polémicas declaraciones públicas, a Mujica y Rousseff.

Leandro Dario

NO ENTIENDO

No entiendo. Francamente no entiendo.

La Corte Suprema de Justicia acaba de decidir que la madre del terrorista montonero Fernando Vaca Narvaja, tiene que ser indemnizada porque a partir de 1976 tuvo que exiliarse en México, ya que su vida corría peligro.

La pregunta a los miembros de la Corte es:

dado que el Estado no tiene recursos propios, ¿por qué me transfieren a mí, contribuyente, el costo de la indemnización?

Es más:

¿a mí quién me indemniza por haber tenido que vivir en un país sumergido en la violencia terrorista?

Pero éste no es el problema principal y, una vez más, voy a ser políticamente incorrecto.

La Corte falló a favor de la señora Susana Yofre de Vaca Narvaja porque tuvo que exiliarse ante el peligro de ser matada.

Ahora bien, a la señora, una persona mayor, la escuché en un reportaje que le hizo Marcelo Longobardi por Radio 10 el viernes pasado.

En una parte del reportaje, la señora Susana dijo que su hijo había optado por otro camino.

Cuando Longobardi le preguntó cuál era ese otro camino, contestó que era el de las armas "para combatir a esos milicos que estaban matando gente".

No dijo:

"mi hijo también fue responsable del baño de sangre que vivió el país en esos años".

Es más, según dijo la señora Susana , su marido desapareció en 1975, durante el gobierno de Perón.

Es importante resaltar esta parte de la historia porque, una vez más, se demuestra que el terrorismo de Estado comenzó antes del 24 de marzo del '76.

Sin embargo, yo sé, ninguno de los miembros de aquel gobierno que hoy están vivos tiene causas pendientes por violación a los derechos humanos.

Es más, alguno de quienes soltaron a los terroristas que habían sido juzgados y encarcelados y que una vez, libres volvieron a matar gente y a poner bombas, creo que ha sido premiado con algún puesto público.

Quiero recordar también, para los más jóvenes que no vivieron esos años, que en 1976 todavía existía la "Cortina de Hierro" y los terroristas eran financiados y entrenados por el gobierno de Fidel Castro y la dictadura comunista de la ex Unión Soviética.

Y eran financiados y entrenados para tomar por la fuerza el gobierno y establecer una dictadura comunista.

Fueron los años en que los soviets querían establecer dictaduras comunistas en Latinoamérica. Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Argentina tuvieron que soportar la violencia que exportaban los jerarcas comunistas.

Pero otro punto a recordar es que Montoneros siguió con sus acciones terroristas durante el gobierno de Perón.

En otras palabras, en ese momento los militares no estaban en el poder.
Por lo tanto, el hijo de Susana y el grupo terrorista que integraba atacaban a un gobierno elegido por el voto..

De manera que me permito formular una pequeña corrección, con todo el respeto que me merece una persona mayor.

El hijo de Susana no tomó el camino de las armas para sacar a los milicos.

Tomó el camino de las armas para derrocar a un gobierno elegido por el voto.

Y también es cierto que ese gobierno elegido por el voto tenía a un señor llamado José López Rega que desde el ministerio de Bienestar Social manejaba grupos parapoliciales para combatir a los terroristas.

Esta aclaración no es caprichosa porque en la Argentina actual pareciera ser que el baño de sangre empezó el 24 de marzo de 1976 cuando un grupo de militares se levantó de malhumor y empezó a matar gente.

La historia es muy distinta.

Teniendo en cuenta que los grupos terroristas querían tomar el poder por la fuerza al estilo Fidel Castro para establecer una dictadura comunista, la realidad es que así como la señora Susana tuvo que bancarse el exilio en México, lo cual es lamentable, el resto de los argentinos tuvimos que bancarnos durante años las bombas, los asesinatos y la guerra civil que desataron los que hoy pretenden aparecer como las víctimas heroicas de los '70.

Sería bueno saber si la persona hoy beneficiada con la indemnización por tener que exiliarse en México (¿por qué no habrá elegido el paraíso comunista de Fidel por el cual peleaba su hijo?) le inculcó a sus hijos el respeto a la vida y a la libertad que todo ser humano tiene que tener por los otros.

Sería bueno saber esto porque, por ejemplo, la señora Hebe de Bonafini se siente orgullosa de que sus hijos hayan puesto bombas, asesinado y cometido todo tipo de atropellos contra la libertad de las personas para establecer una dictadura.

El tema no es menor, porque alguien que les inculca a sus hijos el odio y la violencia, más que ser indemnizada por los ciudadanos que pagan impuestos debería hacerse responsable de los actos de sus hijos..

Personalmente, si yo tuviera un hijo que utilizó la violencia y cometió todo tipo de actos terroristas con el objetivo de cercenar la libertad de sus conciudadanos, más que pedir una indemnización por tener que irme del país, le pediría perdón al pueblo argentino por el baño de sangre que mi hijo llevó adelante durante los años de plomo, aunque mi exilio sea injusto.

Sentiría vergüenza de los actos de mi hijo y, luego de pedir perdón al pueblo por la violencia que ejercieron los grupos terroristas, me llamaría a un recatado silencio.

Sólo por respeto y para no ofender la inteligencia de quienes vivimos esos tristes años y conocemos la historia completa de cómo ocurrieron verdaderamente los hechos, no me animaría a aparecer como víctima de nada.

Pero claro, estamos en épocas de revancha, y en épocas de revancha impera la venganza.

No la justicia.

ATENCION:

LA "CORTE SUPREMA" TIENE A LOS INTEGRANTES QUE FIRMARON, CON SUS NOMBRES!

Roberto Cachanosky

GENOCIDIO DE WICHIS EN SALTA

Por la mala gestión de Urtubey, la ayuda aumenta pero no sirve.

Ya son seis los muertos en la población Wichi de la provincia de Salta.

Si bien el gobierno de Urtubey-Zottos aumentó la ayuda a esa comunidad de 20 millones de pesos por año a 200, sin embargo, las muertes aumentaron exponencialmente.

El vicegobernador Andrés Zottos, del Partido Renovador, declaró que la ayuda consiste en otorgar tarjetas de compra a los Wichis y que éstos la gastan en celulares o artículos de consumo, declaración similar a la que hizo el senador Ernesto Sanz.

Lo que le valió a este último que los kirchneristas lo acusaran de distintas cosas.

El contraste con San Luis

Mientras Salta tuvo seis muertos por desnutrición en poco más de diez días, en San Luis, una provincia pobre, hay comunidades aborígenes sin ningún desocupado y con un subsidio mensual de 1.300 pesos por mes, con obra social y ART.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá se preocupa porque a los pueblos originarios les lleguen bolsones de comida para su alimentación.

Pero en Salta, una provincia rica en petróleo, la gobernación no se preocupa de que los bolsones de comida lleguen a la población de Tartagal.

En San Luis, la desocupación se acerca al 0%, en tanto en Salta es la mayor del país, llegando al 13%, a cuatro años del gobierno Urtubey-Zottos, que recibió importantes ayudas del gobierno nacional.

Hasta se podría decir que es una provincia privilegiada en cuanto remesas del gobierno central se refiere.

Pero lo más curioso es que la fórmula Urtubey-Zottos podría obtener el 50% de los votos en una de las primeras elecciones de gobernación, aventajando a otras dos fórmulas peronistas.

Por lo cual, parece que la desnutrición de los Wichis le importa poco a la sociedad salteña, lo mismo que la desocupación más alta del país.

Una provincia pobre como San Luis está excelentemente administrada, mientras Salta no tiene gestión, quizá por la inexperiencia de los jóvenes que la gobiernan.

Así es que no se cumple -en esta comparación al menos- que la juventud sea sinónimo de buen gobierno.

Guillermo Cherashny

LOS BEBÉS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA… ¿ADÓNDE VAN?

Fundación Adoptar trabaja hace 12 años, investigando y denunciando penalmente la TRATA DE BEBÉS en Argentina.

En ese tiempo, hemos visto, tan sólo las espaldas de todos los políticos y funcionarios públicos a los que hemos notificado sobre esta situación y pedido ayuda para terminar con este flagelo.

Según el Gobierno Nacional, se necesitan dos instituciones para defender los derechos humanos en el país de ficción en donde viven ellos y son: l

as que defiende sus hijos desaparecidos y 400 nietos, que dicen, aún faltan encontrar.

Nunca, jamás hemos escuchado a la Presidenta de la Nación, ni a su esposo, hablar sobre Derechos Humanos, que no sean en exclusividad, los de estas dos organizaciones, presentes, en la primera fila de todos los actos públicos.

Mientras ocurre esta obscenidad con los Derechos Humanos en Argentina, siguen desapareciendo, un promedio de 12 bebés por semana de Añatuya, Santiago del Estero, una de las tres fábricas de bebés de nuestro país y se niegan a mirarnos y respondernos, cuando les preguntamos.

¿por qué no dicen ni hacen nada cuando los notificamos de esto?,

¿por qué sobreseen a los delincuentes a pesar de nuestra pruebas irrefutables, sin siquiera haberlos llamados a declarar?

A usted, que es una persona común, que tan sólo desea a su hijo y sus padres le enseñaron a respetar la ley, le dedicamos este reportaje en audio.

Escúchelo y comprenda, porqué duran tanto sus trámites para adoptar en Argentina y a dónde fueron a parar los sueños de aquel bebé que podría haber estado en su casa, seguro, confiando de iniciar el camino de su vida, tomado de su mano y diciéndole mamá.

Nos están robando el futuro, nos están esquilmando por dentro y por fuera.

En este audio, están descriptos los métodos y los cómplices de esta desgracia humana, que ustedes y nosotros, debemos soportar.

Julio César Ruiz
Fundación Adoptar

ASI FUNCIONA UN ESTADO

Con lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires a fines del año último, con motivo de la "toma" del parque Indoamericano, aún fresco y la sensación de que el juramento de "cumplir y hacer cumplir la ley" que prestan algunos de nuestros funcionarios públicos o no se entiende demasiado o es muy relativo, vale la pena describir la reacción de las autoridades uruguayas ante un episodio similar, que acaba de suceder en la ciudad de Montevideo, en un predio privado de cuatro hectáreas emplazado en un barrio de la capital oriental denominado Capra.

Días antes, en el lugar, se había generado ("espontáneamente") un incendio que quemó los pastizales que lo cubrían.

Unas 250/270 familias lo ocuparon, de pronto, en un movimiento que, obviamente, estuvo previamente concertado.

Su abogado, Gustavo Salle, calificó enseguida el episodio de una acción emprendida en el ámbito de la "lucha de clases".

Los ocupantes, por su parte, manifestaron a la prensa que estaban allí "para quedarse", pues habían decidido construir sus viviendas en ese lugar, en parcelas que ellos mismos definieron, fraccionaron y distribuyeron.

Los vecinos observaron lo sucedido con absoluta tranquilidad, como si anticiparan (correctamente) que las instituciones del país iban a funcionar conforme a lo esperado.

Más o menos rápidamente.

No hubo incidentes violentos.

Ni convulsiones serias de tipo alguno.

El juez penal actuante, Ricardo Míguez (a pedido del propietario) ordenó, de inmediato, el desalojo del predio ocupado ilegalmente.

En cuestión de horas, otorgó a los intrusos una opción voluntaria de abandonar el predio, anticipando que si ello no se cumplía, la fuerza pública (la policía, no los vecinos) iba a actuar conforme a la ley.

En paralelo, desde la intendencia de Montevideo, se informó que la tierra ocupada no podía ser fraccionada, desde que está ubicada en un área rural y carece de servicios de infraestructura.

Esto es, de saneamiento y cableado.

Al no desalojarse la propiedad, el magistrado ordenó detener (en la seccional policial) a los 18 individuos que oficiaban de "voceros" de los demás y que habían concurrido voluntariamente al juzgado.

La policía recibió, enseguida, instrucciones de practicar más detenciones de ocupantes ilegales.

Cuando los primeros 18 detenidos iban a ser "conducidos al juez" por la policía, los ocupantes tomaron la determinación de desarmar sus carpas, desmontar sus instalaciones precarias y abandonar pacíficamente la propiedad "tomada", que así pronto quedó libre de "posesionarios".

Mientras tanto, el ministerio del Interior ordenaba a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia determinar la posible existencia de trasfondos, intereses o conexiones políticas.

La intendencia de Montevideo, cabe agregar, tiene un plan orgánico en marcha de reubicación de asentamientos, algunos de los cuales tienen hasta tres décadas de antigüedad.

Para ello, está constantemente comprando tierras, por licitación pública.

El año último, entregó 10 mil "soluciones habitacionales" y calcula que este año esa cifra se triplicará.

Quienes ocuparon el barrio Capra no fueron beneficiados con ningún "salto" en la lista de espera.

El prudente vicepresidente oriental, Danilo Astori, al referirse al episodio, aseguró que su gobierno "no tiene nada que hacer" en este caso, porque la justicia "tomó cartas" en el tema a pedido del propietario del terreno usurpado.

Esto es seriedad en el andar y generación de confianza al público que suponía (correctamente) que no iba a tener que intentar, por las suyas, "resolver" un tema que le podía generar problemas, porque la cuestión, presumiblemente, iba a ser bien resuelta por las autoridades competentes.

Así de claro.

No se equivocaron quienes así pensaron.

Sus expectativas se cumplieron.

El episodio se resolvió dentro de la ley.

Así funciona un Estado de derecho.

Sin estridencias.

Emilio J. Cárdenas
fue embajador argentino
ante la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU).